Iter Criminis. Camino del Delito

Por Cristina Sanz, periodista

Silencio: la respuesta de la Administración a los ciudadanos [Informe]

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Más de la mitad de las preguntas de los ciudadanos formuladas a las distintas administraciones públicas durante el pasado 2012 obtienen como respuesta el silencio, en concreto un 54% del total. Cuando se obtiene una réplica administrativa, muchas veces y en el “mejor” de los casos la contestación resulta insatisfactoria. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el informe realizado por Tu Derecho a Saber, otro proyecto de la Fundación Civio como El Indultómetro, y del que quiero hacerme eco en Iter Criminis. ¿Ley de Transparencia? ¿Qué Ley de Transparencia?

Según los datos recogidos por Tu Derecho a Saber -una web desde dónde cualquier ciudadano puede realizar solicitudes formales de información a las autoridades pertinentes y ésta ser apoyada por los usuarios inscritos en Tu Derecho a Saber, desde el registro como senador de Luis Bárcenas a detalles sobre el funcionamiento del Sistema Sanitario– de las 567 peticiones válidas registradas en la página web desde su nacimiento hace menos de un año, el silencio fue la única respuesta de 306. Un hecho que se agrava cuando se trata de administraciones locales dónde el porcentaje de silencio crece hasta el 70,15%, es decir, 47 de las 67 solicitudes ciudadanas. Intolerable e inaceptable.

Ley de Transparencia, viñeta de Forges.

Ley de Transparencia, otra gran viñeta de Forges.

Los resultados positivos tampoco son muy halagüeños sobre la apertura de las administraciones ya que sólo 75 de las 567 solicitudes recibieron una respuesta satisfactoria, lo que se traduce en 13,23% del total. Pero es que ni siquiera en las preguntas sobre Medio Ambiente, que cuentan con una ley de acceso a la información propia en España, se obtienen resultados positivos: el silencio es la contestación al 58,14% de las cuestiones con el agravante de que, por Ley, si una institución no contesta en el plazo de tres meses para las solicitudes generales y uno para las medioambientales, la pregunta pasa a catalogarse como denegada.

Ya en el caso de los partidos políticos (englobados en el informe como “otro tipo de instituciones”), encontramos más de lo mismo pese a que su financiación cada vez preocupa más a los ciudadanos como se puede comprobar en la última encuesta del CIS de marzo: la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles. Como subrayan desde Tu Derecho a Saber, aunque todos los partidos dicen ser partidarios de someterse sin tapujos a la Ley de Transparencia en la práctica y con la única excepción de UPyD, ningún partido responde a las peticiones de los ciudadanos. Pero también las instituciones autonómicas se niegan a facilitar datos, como el caso de la Generalitat de Cataluña que se negó a hacer público el coste de la celebración de las elecciones de 2003, 2006 y 2010 o la Junta de Andalucía, que se negó a responder al ciudadano que preguntaba por el presupuesto de varios proyectos de ciudadanía digital de la Comunidad.

¿Os acordáis del “misterioso caso de la desaparición de estadísticas en España” que denunció Eurostat y que ya os conté en el artículo sobre el Índice de Seguridad Ciudadana? En este caso nos volvemos a topar con él y tenemos como ejemplo la negativa de la Comunidad de Madrid a aportar información alguna sobre el impacto medioambiental, adjudicación de licencia, normativas fiscales y demás aspectos del proyecto Eurovegas, pero es que tampoco el Tribunal Constitucional contesta para detallar el número de procedimientos que tiene abiertos y su antigüedad, ni el Ministerio del Interior sobre el número de manifestantes  y actos reivindicativos registrados en España desde 2000 y -ésta es obviamente una de mis preferidas que yo misma apoyo y sigo en Tu Derecho a Saber- el Ministerio de Presidencia ha publicado los datos estadísticos de criminalidad en España y que se comprometió a ofrecer durante la Open Government Partnership.

Mafalda y la participación ciudadana.

Mafalda y la democracia. Quino

Desde Tu Derecho a Saber aseguran que para que en España podamos disfrutar de una transparencia real de nuestras instituciones, además de la voluntad de las mismas, hay que derribar obstáculos que no por advertidos han sido subsanados. Esto es, que todas las instituciones tengan una dirección email de contacto y un responsable para gestionar las solicitudes de información además de iguales obligaciones de transparencia y el reconocimiento del silencio administrativo positivo -en la actualidad es negativo al terminar denegando la solicitud si no se contesta, lo cual atenta contra el derecho al acceso a la información y punto que no se va a cambiar según el actual Proyecto de Ley- y, por último, establecer medidas de promoción del derecho de acceso a la información. 

En el siguiente enlace podéis encontrar el informe completo en su versión web realizado por Tu Derecho a Saber y también en formato PDF.

¿Qué os han parecido estos datos? ¿Vamos a continuar siendo sujetos pasivos? ¿No vamos a luchar por unos datos que son nuestros por derecho?

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Cristina Sanz Sánchez

Autor: Cristina Sanz Sánchez

Periodista de Crónica Negra y Judicial. Especialista en Comunicación Corporativa y Social Media, pasando por Radio Nacional de España. "Nació con el don de la risa y con la intuición de que el mundo estaba loco". Scaramouche, Rafael Sabatini.

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    Muy interesante. Silencio: la respuesta de la Administración a los ciudadanos – http://t.co/BFXXxsyM75

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